Publicado el 14 mayo,2024 Por: Editor

Por Kairim Buenaventura Álvarez- Luis Andrés Urrutia Moreno, estudiantes del semillero Unimedios USC, Colombia

“Con mi primera novia fuimos a ver una casa que íbamos a alquilar; llamamos a los propietarios y le comunicamos que estábamos cerca. Cuando llegamos, al ver que éramos dos mujeres y lesbianas, la propietaria nos dijo que ya habían alquilado el lugar. En ese sentido, hemos vivido en varias oportunidades negaciones en servicios como vivienda y salud”.  

Así describe la antropóloga Gabi Rojas Peláez una situación que es común en muchos sectores la sociedad colombiana, que consideran ‘anormal’ ciertas conformaciones familiares actuales.  

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, en Colombia, 501.000 personas reconocen que pertenecen a esta comunidad, razón por la cual, al ser minoría, sus peticiones, quejas y reclamos, no son tramitadas con celeridad y hasta en ocasiones se quedan sin tramitar. En ese sentido, el Congreso de la República mediante la Ley 1752 de 2015, se dictaron disposiciones para «sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación».  

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Las raíces de esta discriminación se encuentran en los prejuicios, estereotipos, la discriminación religiosa y la falta de comprensión sobre la diferencia. Las consecuencias son devastadoras, impactando negativamente en la salud mental, las oportunidades de vida, la seguridad y la inclusión social de las personas LGBTIQ+.  

«Para uno como profesional de la Salud, es todo un reto el atender a estas personas, porque en ocasiones nos llegan con traumas que son difíciles de abordar, una vez una chica trans, al borde de atentar contra su vida, nos dijo que no aguantaba más las presiones por las cuáles debía pasar en las calles de la Cali, porque no respetaban sus gustos y su manera de actuar, así que el trabajo con esta chica, fue dirigido a que debía aferrarse a la vida y disfrutar de lo hermoso que puede ser, estar libre», puntualizó la psicóloga, Merly Zúñiga.   

Cuando aún era muy pequeña, la antropóloga Rojas sufrió en carne propia una discriminación que no lograba comprender: “A la edad de 9 años, me fui a vivir a España donde viví discriminación por ser una niña masculinizada, la profesora le decía a mi madre que debíamos hacer algo para contrarrestar esta situación; mis compañeros, por mi forma de vestir, me decían machorra y otros adjetivos peyorativos”. En ese entonces, ella se identificaba como mujer, “en mi mente, era consciente de que era una persona heterosexual”, recuerda.  

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Pero todo cambió para ella de repente: “al quedar en embarazo, a los 23 años, me di cuenta de que en realidad me identificaba como una persona no binaria, sintiendo afinidad y gusto por las mujeres”, reconoce Merly Zúñiga. Esto la hizo tomar conciencia de su situación y hoy, nueve años después se ha convertido en una lideresa social en defensa de la comunidad LGBTIQ+ en Cali, Colombia. Ella ilustra ahora a otros con su transformación a través del tiempo, explicándoles que desde pequeña vivió esta situación, y que ahora que es grande, se formó y es soy ‘aleta’ (avispada), «me defiendo con argumentos».   

A pesar de las dificultades experimentadas en ese entonces, la presión no era la misma en su hogar y, por el contrario, gozó de un buen ambiente: “Al vestirme un poco machorra (risas), tuve la oportunidad de tener privilegios de clase, ya que mis condiciones sociales y económicas han sido totalmente diferentes, mi mamá siempre ha estado rodeada de lesbianas, mi padre ha sido siempre afeminado y ahora viejo fue que salió del clóset. La verdad, no he tenido inconvenientes en ese sentido”.   

Estefanía Urrutia, trabajadora social de la Fundación Herencia del Pacífico, que atiende a víctimas del conflicto armado en Colombia, ha enfocado sus esfuerzos en actuar de la mano con la comunidad LGTBIQ+ de Cali y Buenaventura. Ella revela que ha tenido grandes retos, empezando por la manera en que se debe dirigir a ellos, por sus diferentes orientaciones sexuales. Pero, tiende a no juzgar o a agredir al comunicarse o hacer las intervenciones psicosociales para el restablecimiento de sus derechos. Además, se encarga de articularse “con los organismos competentes para cumplir a cabalidad con los diferentes procesos que permitan un mejor desarrollo de esta comunidad y su entorno”.    

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Para combatir esta problemática, requiere de un esfuerzo conjunto con educación, leyes antidiscriminatorias, apoyo a organizaciones LGBTIQ+, creación de espacios seguros e inclusivos y la recopilación de estadísticas que marquen el derrotero y así construir políticas públicas que impacten positivamente a esta comunidad.   

Publicado el 14 mayo,2024 Por: Editor